Colombia – La Contraloría General de la República advirtió que la crisis financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso de millones de colombianos a servicios médicos. Según el informe con corte al 31 de diciembre de 2024, la deuda acumulada de las EPS por servicios de salud alcanzó los $32,9 billones, revelando un estado crítico que se agrava ante la falta de solvencia de la mayoría de las empresas.
Solo 6 EPS de las 29 activas cumplen con los tres requisitos financieros: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Estas seis entidades cubren apenas el 10,92% de los afiliados, dejando al 89,08% de la población en EPS que no cumplen uno o más de estos indicadores exigidos por la ley.
La Contraloría indicó que 16 EPS tienen problemas de liquidez, lo que limita su capacidad para responder a obligaciones inmediatas con hospitales, clínicas y operadores farmacéuticos.
Una de las situaciones más preocupantes es la de la Nueva EPS, la mayor del país, que agrupa a más de 11,5 millones de afiliados. Esta EPS no presentó sus estados financieros certificados de 2023 y 2024 y registra un patrimonio negativo, lo que representa un riesgo grave para la atención de los usuarios en todo el territorio nacional.
“No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, señaló el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 han sido autorizadas 157 EPS. Actualmente solo operan 29, y apenas 6 cumplen los requisitos habilitantes. Las continuas liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, obligadas a recibir afiliados sin contar con suficiente capacidad operativa o financiera, profundizando la crisis.
El informe revela también cifras críticas sobre solvencia: 15 EPS no cumplen con el capital mínimo requerido; 14 incumplen el patrimonio adecuado; y 22 no realizan las inversiones en reservas técnicas como exige la normativa.
Además, las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, afectando la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios, pese a que en 2024 se les pagó el 90% de la facturación (13,3 de 14,7 billones de pesos).
El modelo de aseguramiento también está en desgaste. La modalidad de Pago Global Prospectivo, establecida por el Decreto 441 de 2022, genera un riesgo fiscal al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios.
Sobre el gasto administrativo, la Contraloría señala que no existe una reglamentación clara para su cálculo. La ley permite un límite de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo. Sin embargo, 27 EPS reportan entre 4% y 8%, en un escenario donde la siniestralidad promedio fue de 110,1% en 2024, es decir, los costos en salud superaron los ingresos por UPC.
Por EPS, la siniestralidad más baja fue del 87% en Cajacopi Atlántico y la más alta del 131% en Ferrocarriles Nacionales.
Aunque algunas EPS reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones, como Sura, Emssanar y Aliansalud, estas fueron reinvertidas en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas.
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La Contraloría destacó que las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han revertido la crisis financiera ni mejorado la calidad de atención, y tampoco se han exigido acciones contundentes a los interventores.
El informe indica que las peticiones, quejas y reclamos (PQR) aumentaron un 23,2%, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. El 91% están relacionadas con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22% del total.
Finalmente, las tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios llegaron a 175.025 en 2024, un aumento del 35% respecto al año anterior.
La Contraloría reiteró que, según su facultad de advertencia, continuará ejerciendo control fiscal con firmeza y exigiendo transparencia en el uso de los recursos públicos, aportando información verificable para el debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema de salud.
