Colombia — La Registraduría nacional del estado civil canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad e invalidó 287 registros civiles de nacimiento por irregularidades en su inscripción, una decisión que destapó una cadena de trámites fraudulentos usados para obtener pasaportes, salir del país y facilitar posibles delitos.
La medida, confirmada por la Registraduría, apunta directamente a documentos que habían sido obtenidos de manera irregular por ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad dominicana. Los casos quedaron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y hacen parte de un expediente más amplio sobre falsificación documental y suplantación de identidad.
Según la información oficial, las 119 cédulas canceladas no corresponden a simples errores administrativos. En varios procesos se estableció que los documentos fueron utilizados como llave para adelantar trámites migratorios y, en algunos escenarios, para facilitar actividades que ahora son objeto de investigación penal.
Cancelación de cédulas destapa red de trámites irregulares
La Registraduría explicó que la invalidación de 287 registros civiles de nacimiento está directamente relacionada con irregularidades en el proceso de inscripción. Estos registros son el documento antecedente para tramitar la cédula de ciudadanía, por lo que cualquier alteración en su origen compromete toda la cadena de identificación.
Las investigaciones internas detectaron patrones repetidos en la forma como se adelantaban los trámites. En varios expedientes aparece la participación de ciudadanos colombianos que actuaron como testigos y declarantes en inscripciones de nacimiento de personas extranjeras, presentándolas como si fueran nacionales.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, fue enfático al referirse a esta conducta y a sus consecuencias legales. “Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, señaló el funcionario.
La advertencia no es menor. En el marco jurídico colombiano, la falsedad en documento público y la participación en esquemas de suplantación de identidad conllevan penas privativas de la libertad. Por eso, la Registraduría trasladó todos los hallazgos a la Fiscalía, que evalúa responsabilidades penales individuales.
El operativo que permitió detectar las irregularidades no fue aislado. Se trató de un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Cada entidad aportó información clave para reconstruir la ruta de los documentos cuestionados.
En ese cruce de datos se identificaron patrones de movilidad, coincidencias en fechas de expedición y conexiones entre trámites aparentemente independientes. El resultado fue la apertura de varios frentes investigativos que están en manos de las autoridades judiciales.
Más allá de las cancelaciones ejecutadas durante 2025, la Registraduría confirmó que en el mismo año se detectaron 86 intentos de suplantación de identidad que fueron frenados gracias a los controles de biometría dactilar y facial implementados en sus oficinas.
Estos casos, que también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, evidencian que el fraude documental no se limita a expedientes cerrados, sino que sigue siendo una modalidad activa que busca vulnerar los sistemas de identificación del Estado.
La biometría como muro contra la suplantación
Los controles biométricos se convirtieron en la primera línea de defensa frente a estas prácticas. La verificación de huellas dactilares y rasgos faciales permitió detectar inconsistencias entre la persona que se presentaba al trámite y los datos que figuraban en los registros oficiales.
Gracias a estos filtros, 86 intentos de suplantación no lograron avanzar durante 2025. Para los investigadores, se trata de una muestra clara de que los mecanismos tecnológicos están cerrando espacios que antes eran aprovechados por redes dedicadas a la falsificación de documentos.
La Fiscalía General de la Nación, que recibió la totalidad de los reportes, trabaja en la desarticulación de estructuras que, según las autoridades, se dedican tanto a la falsificación documental como al tráfico de migrantes. En estos procesos, la cédula de ciudadanía aparece como una pieza central para construir identidades falsas con apariencia de legalidad.
En el plano judicial, los casos abiertos permiten reconstruir no solo quiénes obtuvieron documentos de manera fraudulenta, sino también quiénes facilitaron el proceso desde dentro. La participación de testigos falsos en registros civiles es una de las líneas de investigación que más atención concentra, por el impacto directo que tiene en la seguridad jurídica del sistema de identificación.
Las consecuencias legales no se limitan a la cancelación de documentos. Cada expediente puede derivar en imputaciones por delitos como falsedad en documento público, fraude procesal y, en algunos escenarios, concierto para delinquir, dependiendo del alcance de las redes detectadas.
La Registraduría insistió en que el mensaje es claro para quienes participan en este tipo de maniobras. Prestar el nombre como testigo o facilitar declaraciones falsas no es una falta menor ni un favor administrativo, sino una conducta que tiene consecuencias penales directas.
En paralelo, Migración Colombia y la Cancillería ajustan durante 2025 sus protocolos para verificar la autenticidad de los documentos presentados en trámites de pasaporte y movilidad internacional. El objetivo es evitar que una cédula obtenida de manera fraudulenta se convierta en un pase libre para cruzar fronteras.
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