Colombia – La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra el excanciller Álvaro Leyva Durán. El fallo, emitido en segunda instancia, quedó en firme y no admite recursos.
La decisión disciplinaria recayó sobre Leyva por su actuación en el proceso de contratación para la fabricación y expedición de pasaportes, cuando declaró desierta la licitación pese a que el único oferente cumplía con todos los requisitos exigidos. Según la Procuraduría, esa medida careció de fundamento legal y desconoció principios esenciales de la contratación estatal.
El fallo fue firmado directamente por el procurador general, reforzando el carácter definitivo de la sanción. Se trata de una de las sanciones más fuertes impuestas en los últimos años a un exministro en ejercicio de un cargo clave de la política exterior colombiana.
La Procuraduría explicó que el proceso de segunda instancia revisó a fondo los argumentos de la defensa y las pruebas allegadas, y concluyó que la determinación de Leyva no tuvo como finalidad salvaguardar el principio de selección objetiva, sino que desconoció las normas de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, declarar desierto un proceso cuando existe un oferente habilitado y con requisitos completos contradice de manera abierta el deber de garantizar igualdad de condiciones y continuidad en la prestación de servicios públicos. En este caso, el servicio afectado era la expedición de pasaportes, un trámite esencial para miles de colombianos.
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La entidad precisó que la falta disciplinaria de Leyva fue calificada como gravísima cometida a título de dolo, lo que implica que el exfuncionario actuó con conocimiento de la irregularidad de su decisión. La sanción no solo lo separa de cualquier posibilidad de ocupar cargos públicos durante una década, sino que también lo aparta de un escenario político en el que fue figura destacada.
El proceso disciplinario surgió en 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva decidió frenar la licitación de pasaportes bajo el argumento de que la presencia de un único oferente no garantizaba pluralidad de competencia. Ese criterio fue cuestionado de inmediato por sectores técnicos y jurídicos que recordaron que la ley no prohíbe avanzar en la adjudicación si el oferente cumple los pliegos establecidos.
La decisión de declarar desierta la licitación desencadenó además retrasos y tensiones diplomáticas, pues la expedición de pasaportes estuvo en riesgo de interrupción. La situación generó preocupación en viajeros, embajadas y consulados, que advirtieron sobre la posibilidad de represamientos en la entrega del documento.
El pronunciamiento de la Procuraduría marca un punto de quiebre en este caso, al ratificar que la determinación de Leyva no solo fue ilegal, sino que comprometió la confianza en los procesos de contratación del Estado. “El excanciller desconoció los principios que estaba obligado a garantizar”, señaló el fallo.
El organismo de control recordó que la contratación pública en Colombia está regida por normas que buscan proteger la transparencia y asegurar la correcta administración de recursos. En este contexto, la actuación del excanciller fue considerada una vulneración directa a esos principios.
El fallo de segunda instancia refuerza la postura de la Procuraduría de dar prioridad a la defensa de la legalidad en los procesos contractuales, en especial en aquellos que afectan directamente a los ciudadanos. La expedición de pasaportes, al ser un trámite masivo y de alta demanda, es considerada un servicio público esencial.
Expertos en derecho administrativo consultados señalaron que la sanción contra Leyva podría convertirse en referencia para futuros procesos, recordando a los funcionarios públicos la obligación de ceñirse a la normatividad aun en situaciones de baja concurrencia de oferentes.
Álvaro Leyva, reconocido político y exnegociador de paz, había asumido la Cancillería en el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Su salida forzada por la sanción implica un golpe a su trayectoria pública, marcada por décadas de participación en la vida política del país.
En lo inmediato, la sanción también genera repercusiones políticas. Dentro del gobierno y en el Congreso se abre el debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios en decisiones que afectan contratos estratégicos, y sobre la necesidad de blindar los procesos licitatorios frente a interpretaciones discrecionales.
La confirmación de la destitución de Leyva ocurre en un momento en que Colombia enfrenta presiones para fortalecer su institucionalidad en materia de contratación pública. El fallo se suma a otras actuaciones recientes de la Procuraduría encaminadas a reforzar los mecanismos de control en licitaciones y adjudicaciones.
El comunicado oficial subraya que la sanción está en firme y no admite recurso alguno, lo que significa que Leyva agotó todas las instancias disponibles para revertir la decisión. En consecuencia, la inhabilidad de 10 años se encuentra vigente desde la notificación del fallo.
La ratificación de esta sanción constituye un mensaje claro hacia los funcionarios actuales y futuros: las decisiones adoptadas en materia contractual deben estar amparadas por la ley y los principios de la función pública. Cualquier desviación será objeto de control y sanción disciplinaria.
El caso de Leyva refleja además la importancia de la supervisión sobre procesos de gran impacto social. La licitación de pasaportes, aunque es un trámite administrativo, afecta de manera directa la movilidad internacional de los ciudadanos y la operación de las embajadas y consulados.
En cifras, cada año Colombia expide más de un millón de pasaportes. Cualquier obstáculo en el proceso contractual de este servicio puede repercutir en la vida cotidiana de miles de personas y en la imagen del país en el exterior.
Mientras tanto, la Cancillería avanza en nuevos procesos de contratación para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes. El fallo de la Procuraduría se convierte así en un antecedente inmediato que condicionará la manera como se tomen decisiones en este tipo de procesos.
El impacto político también se percibe en los partidos y movimientos donde Leyva tuvo influencia. Varios sectores analizan cómo la inhabilidad afecta las dinámicas de alianzas y la presencia de figuras históricas en debates futuros.
Con la sanción ratificada, Álvaro Leyva queda marginado de la vida pública durante una década, en un contexto en el que las exigencias de transparencia y rigor en la contratación estatal cobran cada vez más relevancia en la agenda nacional.
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