Colombia – El autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP confirmó este jueves 28 de agosto, a través de un comunicado, que mantiene secuestrados a seis integrantes de la Fuerza Pública y a un menor de edad señalado como paramilitar. Entre ellos se encuentran cuatro soldados, un policía y el menor, mientras que uno de los uniformados murió en cautiverio.
El grupo armado aseguró que las retenciones ocurrieron entre julio y agosto, en medio de combates y operativos en distintas zonas del país. La organización señaló directamente al Estado colombiano como responsable por la vida y la integridad de los cautivos.
En la lista divulgada aparecen los nombres de los soldados Jamerson Guachetá, José Buitrón, Brayan Ruiz y Jeison García, además de Luis Hernán Quiguazú, quien falleció en cautiverio y cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Nátaga, Huila. También figura el policía José Larrahondo y un menor de edad acusado por las disidencias de ser “paramilitar infiltrado”.
La confirmación de los nombres de Ruiz y García, soldados reportados como desaparecidos el pasado 24 de agosto en Cumbitara, Nariño, añade un nuevo nivel de tensión. Ambos pertenecían al batallón de despliegue rápido N.º 5 y habían desaparecido tras enfrentamientos con la estructura Franco Benavides. Desde entonces, el Ejército desplegó operaciones de búsqueda con apoyo aéreo y terrestre, mientras la Gobernación de Nariño pedía garantías sobre su paradero. La inclusión de sus identidades en el comunicado ratifica que se encuentran en poder de las disidencias.
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La mención de Quiguazú dentro del listado subraya la gravedad de la situación. Su cuerpo apareció en Nátaga, Huila, y aunque el EMC asegura que los demás retenidos reciben condiciones mínimas de alimentación y salud, la muerte del soldado refuerza los temores de las familias y autoridades.
El secuestro de integrantes de la Fuerza Pública en diferentes regiones ha generado alarma entre organismos de derechos humanos, que insisten en que la retención de menores de edad y la privación ilegal de la libertad violan las normas internacionales. Voceros de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la ONU han reiterado la exigencia de liberación inmediata.
El comunicado también busca enviar un mensaje político. Las disidencias remarcan que la presencia de los cautivos es producto de operativos de guerra y responsabilizan al Gobierno de sus vidas, una narrativa que refleja la presión creciente en medio de los diálogos de paz en curso. Estos hechos ponen en cuestión las condiciones de confianza necesarias para mantener las negociaciones.
En Nariño, donde se concentraba la búsqueda de Ruiz y García, la Gobernación había advertido del riesgo de que los soldados hubieran caído en manos de grupos armados. La confirmación, ahora oficial, agrava la preocupación en un departamento ya golpeado por la violencia de estructuras ilegales que disputan corredores estratégicos para el narcotráfico.
La dimensión humanitaria del caso crece por la inclusión de un menor. Organizaciones nacionales e internacionales rechazan el señalamiento de las disidencias, que lo acusan de ser un “paramilitar infiltrado”. Para los defensores de derechos de la niñez, cualquier justificación es irrelevante: se trata de un adolescente cuya libertad debe ser restituida de inmediato.
Desde el Gobierno nacional aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el comunicado, pero fuentes de la Fuerza Pública confirmaron que continúan las operaciones en zonas de influencia del EMC. La preocupación se centra en garantizar la integridad de los retenidos y en mantener canales humanitarios que permitan su pronta liberación.
En Huila, autoridades locales y familiares del soldado Quiguazú realizaron homenajes tras el hallazgo de su cuerpo. “Era un muchacho disciplinado y comprometido con su deber”, expresó un allegado, reflejando el dolor de una comunidad que exige justicia por su muerte en cautiverio.
La situación abre un nuevo capítulo en la confrontación con las disidencias de las Farc. Si bien el grupo asegura que los cautivos se encuentran bajo condiciones de seguridad, el hecho de reconocer públicamente su responsabilidad pone de frente al Estado colombiano la necesidad de respuestas rápidas. La presión también llega desde sectores políticos, que advierten que los secuestros podrían entorpecer cualquier avance en las conversaciones de paz.
Por ahora, las familias de los secuestrados se aferran a la esperanza de recibir noticias directas. Han pedido al Gobierno mantener abiertas todas las vías posibles para lograr la liberación, incluso a través de organismos internacionales. “Lo único que queremos es tenerlos de vuelta”, expresaron allegados de los soldados en Nariño.
El EMC, en su comunicado, concluyó insistiendo en que los cautivos se mantienen bajo su poder como resultado de acciones militares. Sin embargo, los llamados de la comunidad nacional e internacional coinciden en que no hay justificación que valide el secuestro de uniformados ni de un menor. La crisis expone una vez más la fragilidad del proceso de paz y las dificultades para lograr garantías mínimas de respeto a la vida y al derecho internacional humanitario.
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