Colombia — El presidente Abelardo De La Espriella anunció el fin de la política de “paz total” y ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir a todas las estructuras criminales, en un giro de la estrategia de seguridad que busca recuperar el control territorial y fortalecer la autoridad del Estado.
Durante su discurso de posesión, el mandatario afirmó que la opción del diálogo con las organizaciones criminales está agotada y planteó que sus integrantes tendrán dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar toda la fuerza del Estado. La definición fue presentada como uno de los pilares de su Gobierno para recuperar la seguridad y la libertad en Colombia.
De La Espriella anunció además que en las próximas horas su Gobierno expedirá un “listado de grupos narcoterroristas”, con el propósito de identificar a las organizaciones que serán enfrentadas dentro de la nueva estrategia de seguridad. El presidente también señaló que no habrá espacios del territorio nacional donde los delincuentes puedan sentirse a salvo, como parte de su planteamiento de recuperar el control territorial.
Una nueva estrategia contra las estructuras criminales
La decisión estará acompañada por la construcción de megacárceles destinadas a recluir a quienes, según el Gobierno, representen la mayor amenaza para la seguridad de la población. El mandatario sostuvo que la autoridad del Estado no termina con la captura de los delincuentes y planteó el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar a las organizaciones criminales y evitar que continúen amenazando a las comunidades.
El presidente también ofreció respaldo a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía. Aseguró que su Gobierno les proporcionará garantías jurídicas para evitar que sean perseguidos por el cumplimiento de su deber y afirmó que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, será un defensor permanente de la Fuerza Pública. La medida fue presentada como parte del respaldo institucional necesario para ejecutar la nueva política.
El nuevo enfoque está ligado además a la recuperación del control territorial. En su intervención, De La Espriella sostuvo que Colombia necesita autoridad, instituciones sólidas y presencia estatal en todo el territorio, y prometió recorrer las regiones durante su mandato para evitar que los ciudadanos se sientan abandonados por el Gobierno. La presencia estatal fue planteada como una condición para recuperar la seguridad y fortalecer la confianza en las instituciones.
La política anunciada también diferencia entre las organizaciones criminales y los campesinos vinculados al cultivo de coca por condiciones de pobreza, abandono o intimidación. La erradicación de cultivos ilícitos y la fumigación con herbicidas fueron planteadas como otro componente de la estrategia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, aunque ese anuncio constituye una línea específica de la política antidrogas y puede ser desarrollado de manera independiente.
El cambio de orientación anunciado por el presidente supone que la seguridad será abordada desde una política de confrontación directa contra las estructuras criminales, en lugar de mantener el esquema de diálogo asociado a la “paz total”. La definición política quedó acompañada de anuncios que todavía deberán concretarse en instrumentos, decisiones administrativas y acciones operativas, por lo que varios de los detalles de la nueva estrategia permanecen pendientes.
Entre los elementos pendientes está conocer el contenido del listado de grupos narcoterroristas anunciado para las próximas horas, así como el alcance que tendrá para la Fuerza Pública. También están por definirse las características, ubicación, capacidad y cronograma de las megacárceles, además de los mecanismos mediante los cuales se materializarán las garantías jurídicas ofrecidas a militares y policías y las acciones concretas para recuperar el control territorial.
El alcance de la nueva política dependerá también de la forma en que las instituciones conviertan las órdenes presidenciales en decisiones concretas. El anuncio fija una orientación general, pero deja abiertos aspectos relacionados con la ejecución, los recursos y las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las operaciones contra las organizaciones criminales. La propia definición del Gobierno deberá traducirse ahora en medidas verificables.
La implementación de esta estrategia determinará cómo se traducirá el anuncio presidencial en operaciones, control territorial y acciones contra las organizaciones criminales. Por ahora, el Gobierno ha establecido como punto de partida el final de la “paz total” y una orden directa a la Fuerza Pública para enfrentar las estructuras que considere una amenaza para la seguridad nacional. El desarrollo de las medidas anunciadas marcará el alcance real del nuevo enfoque durante los primeros meses de Gobierno.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
