Colombia – Una revelación de Valora Analitik basada en un correo interno del Ministerio de Hacienda evidenció problemas de caja del Gobierno al advertir que los honorarios causados en noviembre se pagarán en diciembre y que los correspondientes a diciembre quedarían pendientes hasta enero de 2025, lo que obligó a aplazar pagos a contratistas estatales.
La comunicación fue enviada el 16 de diciembre por el Programa Anual de Caja (PAC) del Ministerio de Hacienda y revelada por Valora Analitik y Blu Radio, medios que tuvieron acceso al correo oficial remitido a múltiples entidades del orden nacional.
El mensaje detalla que los recursos aprobados en los rubros de inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados a órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre, se cubrirán con los fondos asignados en diciembre.
En términos prácticos, esto implica que miles de contratistas que prestan servicios al Estado recibirán con retraso los pagos correspondientes al cierre del año, mientras que los honorarios por trabajos realizados en diciembre se trasladan a la vigencia siguiente.
Correo enviado ↙️
La notificación fue dirigida a entidades como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Presidencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, la Cancillería y varios ministerios, entre otras instituciones del Gobierno nacional.
El correo advierte que los pagos de diciembre solo se efectuarán una vez cada entidad complete los trámites administrativos en el Sistema Integrado de Información Financiera, conocido como Siif, que centraliza la ejecución presupuestal del Estado.
Según el texto del mensaje, “Me permito informar que los recursos aprobados por los rubros de inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados para atender órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre, se pagarán con los recursos asignados en el mes de diciembre”.
La misma comunicación precisa que los honorarios correspondientes a servicios prestados en diciembre no se reconocerán dentro de la vigencia actual y quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos del próximo año.
En palabras del correo, “Las prestaciones de servicios por este mismo concepto que queden pendientes de la vigencia de 2025 se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad las gestiones correspondientes en el sistema de información financiera (Siif)”.
El aplazamiento ocurre en un contexto de estrechez fiscal que ya había sido advertido durante el segundo semestre del año, cuando la liquidez del Gobierno nacional alcanzó niveles mínimos.
Liquidez bajo presión y alertas previas
En agosto, la caja del Gobierno cayó a un mínimo histórico de $1,8 billones, según un informe del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, una cifra que apenas alcanzaba para cubrir menos de dos días de operación del Estado.
Ese nivel de recursos comprometía directamente obligaciones que dependen de la disponibilidad diaria de caja, como el pago de salarios a empleados públicos y las mesadas pensionales.
Los analistas del sector financiero advirtieron que, de haberse presentado un gasto extraordinario en ese momento, el Ejecutivo habría enfrentado serias dificultades para cumplir compromisos laborales básicos.
El impacto no se limitaba a una variable macroeconómica. Desde el sector financiero se señaló que la falta de liquidez tenía efectos directos sobre la estabilidad de miles de hogares que dependen del empleo público y de los ingresos derivados de contratos con el Estado.
En ese contexto, el aplazamiento de pagos a contratistas se interpreta como un ajuste operativo para administrar el flujo de caja en el cierre de la vigencia fiscal.
Aunque el correo del PAC no menciona cifras agregadas sobre el monto total de pagos aplazados, la amplitud de las entidades receptoras sugiere un alcance significativo dentro de la administración pública nacional.
Durante agosto, cuando se registró el mínimo de caja, el Ministerio de Hacienda anunció operaciones financieras para mejorar temporalmente la liquidez, entre ellas canjes de títulos de deuda interna, conocidos como TES.
Estas operaciones permitieron aliviar de forma momentánea la presión sobre la caja, pero no modificaron las condiciones estructurales que llevaron a la reducción de recursos disponibles.
Desde la academia y el análisis económico, las alertas fueron explícitas. El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, advirtió sobre el riesgo que enfrentaba el Gobierno para cumplir con sus obligaciones cotidianas.
“Con la situación el Gobierno enfrenta el riesgo real de incumplir sus compromisos financieros cotidianos, desde sueldos y pensiones hasta otros pagos esenciales”, afirmó Restrepo en ese momento.
El exfuncionario también señaló que episodios de baja liquidez pueden deteriorar la confianza en la gestión fiscal y en la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente cuando se repiten en el tiempo.
La situación de agosto dejó en evidencia la dependencia del Estado de operaciones de corto plazo para atender compromisos inmediatos, una dinámica que vuelve a reflejarse en el aplazamiento de pagos informado en diciembre.
Contratistas y gestión presupuestal
Los contratistas del Estado, vinculados mediante órdenes de prestación de servicios, suelen depender de la regularidad en los desembolsos para cubrir gastos corrientes, dado que no cuentan con las mismas garantías laborales de los empleados de planta.
El traslado de pagos de diciembre a enero implica que los ingresos asociados al cierre del año fiscal no se reflejarán en el mismo periodo, lo que afecta la planeación financiera personal de quienes dependen de estos contratos.
Desde el punto de vista presupuestal, el mensaje del PAC recalca que los pagos solo se materializarán cuando las entidades completen los procesos en el Siif, un requisito que puede generar diferencias en los tiempos de desembolso entre instituciones.
El sistema financiero del Gobierno centraliza la ejecución del gasto y condiciona los pagos a la disponibilidad efectiva de recursos en caja, más allá de las apropiaciones presupuestales aprobadas.
Así, aunque los recursos estén autorizados en el presupuesto, su giro depende del flujo de caja diario, una variable que ha mostrado tensiones durante el año.
El episodio de agosto, cuando la caja cayó a $1,8 billones, funciona como antecedente directo del escenario actual y explica la cautela en la ejecución de pagos al cierre de la vigencia.
Los expertos consultados entonces coincidieron en la necesidad de ajustes en el manejo del gasto público y una mejor priorización presupuestal para evitar episodios recurrentes de iliquidez.
Restrepo insistió en que la planeación del gasto debe considerar escenarios de menor recaudo o mayores presiones de pago, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de obligaciones básicas.
El aplazamiento de pagos a contratistas en diciembre se suma así a una serie de señales sobre la estrechez fiscal que enfrenta el Gobierno y la necesidad de administrar con mayor precisión el flujo de recursos.
En este contexto, la gestión de la caja pública se convierte en un indicador clave para evaluar la capacidad del Estado de responder a sus compromisos, no solo en términos macroeconómicos, sino en su impacto directo sobre miles de personas vinculadas a la administración pública.
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