Colombia — La ponencia positiva de la Ley de Financiamiento fue radicada hoy en las Comisiones Económicas Conjuntas, marcando el inicio formal del primer debate para recaudar 16,3 billones de pesos destinados a financiar parte del Presupuesto General de la Nación 2026.
El Ministerio de Hacienda, coordinó la entrega de la versión ajustada del proyecto a los ponentes designados en la Tercera y Cuarta de Cámara y Senado. La ponencia oficial, que respalda el articulado del Gobierno, busca ahora la aprobación en las cuatro comisiones económicas donde fue radicada.
El objetivo de recaudo quedó fijado en 16,3 billones de pesos, una reducción de 10 billones frente a la cifra inicial de 26,3 billones propuesta al inicio del trámite. Entre los ajustes incorporados figuran la eliminación del impuesto a combustibles fósiles, la reducción de gravámenes a tabaco y cerveza y la retirada del impuesto a la boletería. Además, el texto prevé revisar la tarifa del IVA para vehículos híbridos, acercándola a 19% para facilitar la transición energética.
La ponencia positiva cuenta con el respaldo formal de siete firmas en total entre las cuatro comisiones, pero solo cuatro en la Comisión Tercera del Senado, lo que muestra un apoyo limitado del oficialismo en un órgano clave para la discusión. Esa fragilidad obliga al Gobierno a buscar negociaciones con independientes y sectores moderados para evitar el archivo en primer debate.
En paralelo se radicaron dos ponencias negativas
El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, ya había anticipado el 19 de noviembre que la reforma no prosperaría. Durante un panel en el Congreso de Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, señaló que la Comisión votaría en contra del proyecto y que su trámite quedaría hundido.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió el lunes sobre el riesgo para la estabilidad económica si una ponencia de archivo prospera, señalando que podría disparar las tasas de interés, restringir el crédito y complicar el manejo de la deuda externa. Desde el Gobierno, en tanto, se destaca que la propuesta busca una mayor progresividad —con aumentos de la tarifa efectiva para bancos y extractivistas y estímulos para la reactivación y la transición energética.
El debate en las comisiones está previsto para realizarse a partir de esta semana y continuar según el calendario interno de cada comisión. Si la ponencia positiva no obtiene las mayorías necesarias en la Comisión Tercera del Senado, el proyecto corre el riesgo de archivarse en primer debate, lo que obligaría al Ejecutivo a activar un plan de austeridad para cubrir los 16,3 billones planteados.
En términos sectoriales, las modificaciones anunciadas afectan directamente a la industria tabacalera y cervecera por la reducción de gravámenes; al sector transporte y consumidores de combustibles por la eliminación del tributo a combustibles fósiles; y al mercado automotor por la revisión del IVA para vehículos híbridos. El impacto sobre las finanzas públicas dependerá de la materialización de las adhesiones en el Congreso y de los ajustes finales que surjan en el debate.
La ponencia oficial también incorpora medidas dirigidas a ampliar la base de renta progresiva, según el Gobierno, con especial atención en la tributación de entidades financieras y empresas extractivas. Estas medidas están diseñadas para aumentar la tarifa efectiva de contribución sin afectar el conjunto de servicios sociales que financia el PGN 2026, cuyo monto total es de 557 billones de pesos.
El escenario parlamentario muestra una competencia entre tres ponencias que definirán el destino del proyecto en el primer debate. En la Comisión Tercera del Senado, donde la aritmética está en disputa, la oficialía dispone únicamente de cuatro firmas, por lo que cualquier eventualidad en las votaciones podría inclinar la balanza hacia el archivo.
Fuera del Capitolio, el Ministerio de Hacienda celebró la radicación en redes sociales como un "avance clave para fortalecer la agenda económica", mientras que la oposición redobló críticas sobre el supuesto impacto tributario en la clase media y en sectores productivos. Hasta ahora no hay reportes públicos de nuevas adhesiones a la ponencia positiva tras la radicación.
El texto completo de la ponencia positiva estará disponible en la Gaceta del Congreso con las referencias PL 102/2025C y 083/2025S; se recomienda seguir las versiones oficiales publicadas por el Congreso y los canales del Ministerio de Hacienda para confirmar firmas adicionales y enmiendas de última hora.
Si la ponencia positiva avanza, las decisiones tomadas en las comisiones tendrán efectos directos sobre el esquema de recaudo que soporta programas sociales y compromisos financieros del Estado. En caso de archivo, el Gobierno adelantará ajustes fiscales alternativos para cerrar la brecha presupuestal, incluidos planes de austeridad que podrían recortar gasto corriente o posponer inversiones programadas.
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Analistas políticos y fuentes dentro del Congreso señalan que al menos una docena de congresistas apoyan las ponencias de archivo, lo que obliga al Gobierno a desplegar diálogo político con partidos como Cambio Radical y sectores independientes para sumar respaldos. En caso de mantenerse la negativa, las finanzas públicas enfrentarían presión adicional para ajustar el presupuesto.
La dinámica de las votaciones en las comisiones será determinante: la presentación simultánea de tres ponencias obliga a los legisladores a escoger entre mantener el articulado oficialista, votar por una ponencia de archivo o impulsar enmiendas intermedias que reconfiguren el recaudo. El calendario legislativo y las negociaciones transversales definirán si el proyecto supera o no su primer obstáculo parlamentario.
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