Barranquilla – Con el anuncio de destrabar más de 7.000 trámites represados en la Superintendencia de Vigilancia, quedó instalado en Barranquilla el Congreso Nacional de Seguridad 2025, un encuentro que reúne a empresarios, autoridades y gremios del sector de la vigilancia privada.
El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC), fue inaugurado por su presidente Gabriel Berrío Álvarez y contó con la participación del superintendente de Vigilancia, Larry Álvarez Morales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el coronel Ángel Acosta, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El eje del encuentro estuvo marcado por el diálogo directo entre Estado y empresarios, con énfasis en la estabilidad económica y laboral del sector.
Álvarez Morales subrayó que su gestión ha mantenido una agenda de diálogo permanente con los gremios de la seguridad privada. “Estos son espacios muy importantes para dialogar con el sector. Por eso hemos asumido esta invitación con entereza. Ya nos hemos reunido con todos los gremios y este congreso hace parte de ese proceso”, declaró durante la instalación. La afirmación buscó dar confianza a los empresarios, quienes enfrentan demoras que afectan la operatividad de sus compañías.
El superintendente explicó que la entidad encontró más de 7.000 trámites represados que limitan licencias y renovaciones de empresas de seguridad privada. Para responder a esta situación, se diseñó un plan de choque que permitirá liberar gradualmente el cúmulo de procesos, con el fin de agilizar las operaciones y brindar seguridad jurídica a los empresarios.
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Además, el funcionario defendió la aplicación de una tarifa mínima escalonada en los servicios de vigilancia privada. Según expuso, la medida busca proteger los derechos laborales de los trabajadores del sector, al tiempo que garantiza la sostenibilidad financiera de las compañías. La política fue recibida como un ajuste necesario en un gremio donde las presiones por reducción de costos han afectado salarios y condiciones laborales.
Por su parte, Gabriel Berrío, presidente de ASOSEC, celebró la instalación del congreso y destacó la importancia del respaldo de las autoridades. “Estamos complacidos con los alcances de este Congreso Nacional de Seguridad, porque nos permite evaluar el desempeño del sector y priorizar acciones de fortalecimiento”, afirmó el dirigente gremial. Berrío resaltó que el acompañamiento de la Supervigilancia y de autoridades civiles y militares representa un respaldo estratégico para consolidar la confianza en el sector privado de seguridad.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, también intervino en el acto de apertura y señaló que la seguridad es una prioridad regional que requiere articulación entre lo público y lo privado. “Estamos comprometidos con trabajar juntos para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos”, puntualizó. El mandatario agregó que la realización del congreso en Barranquilla refuerza la posición de la ciudad como centro de referencia para debates empresariales en la Costa Caribe.
El coronel Ángel Acosta, en representación de la Policía Metropolitana, destacó el valor de la cooperación entre la fuerza pública y las empresas de vigilancia privada. Señaló que la articulación entre ambos frentes de seguridad es clave para prevenir delitos y garantizar tranquilidad en entornos urbanos y empresariales.
Más allá de las intervenciones oficiales, el Congreso Nacional de Seguridad 2025 abordó temas como el contexto geopolítico, las tendencias de seguridad en América Latina y las estrategias de crecimiento para el sector. El análisis incluyó la relación entre seguridad y economía, en un momento en que el país enfrenta retos de inversión privada y demandas crecientes por servicios de protección en ciudades y zonas rurales.
El encuentro sirvió además para evaluar los retos empresariales en materia de formalización laboral. La vigilancia privada es uno de los sectores con mayor número de trabajadores en el país, y la estabilidad de sus condiciones contractuales es vista como un factor crítico para la sostenibilidad del negocio. En ese sentido, la tarifa mínima defendida por la Supervigilancia se presenta como una medida que puede ordenar el mercado y evitar prácticas de competencia desleal.
El congreso también reforzó la imagen de ASOSEC como gremio articulador entre empresas y Estado. Bajo el liderazgo de Gabriel Berrío, la asociación ha buscado consolidar espacios de interlocución en los que empresarios y autoridades puedan definir rutas conjuntas frente a los cambios normativos y económicos que afectan a la seguridad privada.
En cuanto a perspectivas de crecimiento, varios ponentes coincidieron en que el sector enfrenta un doble desafío: responder a la demanda local de servicios de protección y adaptarse a las tendencias globales que incluyen tecnologías de vigilancia, digitalización de operaciones y mayor exigencia en estándares de calidad. Para los empresarios, la modernización es inevitable si se quiere mantener la competitividad frente a un mercado cada vez más exigente.
El debate sobre el impacto económico de la vigilancia privada también estuvo presente en la agenda. Los organizadores recordaron que este sector mueve miles de millones de pesos al año en contratos de prestación de servicios, lo que lo convierte en un componente relevante de la economía nacional. Su estabilidad no solo incide en la protección de bienes y personas, sino en el empleo formal que genera para miles de familias.
En Barranquilla, la instalación del Congreso Nacional de Seguridad 2025 dejó claro que el foco no está únicamente en el análisis coyuntural, sino en la búsqueda de soluciones concretas para superar los obstáculos regulatorios y económicos del gremio. El plan de choque anunciado por la Supervigilancia y la continuidad del diálogo con empresarios fueron recibidos como señales de voluntad institucional para atender las necesidades del sector.
