Barranquilla – La Procuraduría General de la Nación instó al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico a respetar la autonomía universitaria en el proceso de modificación de sus estatutos, advirtiendo que este principio no es absoluto y debe interpretarse en consonancia con la Constitución y la ley.
Este llamado ocurre en un momento clave para la Universidad del Atlántico, institución pública con más de 25.000 estudiantes y referente académico en la región Caribe. La reforma estatutaria busca actualizar las normas internas que definen su estructura de gobierno, órganos directivos y procesos académicos, aspectos que afectan la vida institucional y la proyección regional.
La Procuraduría, en ejercicio de su función de vigilancia preventiva, remarcó que su actuación no interfiere en la autonomía universitaria sino que garantiza el respeto al principio de legalidad, un derecho fundamental en la prestación del servicio público educativo. Según su comunicado, “la autonomía universitaria no es un principio absoluto, pues tiene como límites el orden constitucional y legal”.
En Colombia, la autonomía universitaria está consagrada en el artículo 69 de la Constitución de 1991 y desarrollada en la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior. Este marco jurídico reconoce el derecho de las universidades a darse sus propios estatutos, gobernarse y definir sus programas académicos, siempre que no desconozcan el interés general ni la normatividad superior.
Actualmente, los estatutos de la Universidad del Atlántico, aprobados en su versión vigente hace más de una década, establecen el Consejo Superior como su máximo órgano directivo, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico, docentes, estudiantes y egresados. La reforma en curso podría redefinir las competencias de estas representaciones, así como aspectos de la organización académica y administrativa.
Por ello, la Procuraduría requirió al Consejo Superior un informe detallado sobre el procedimiento de modificación, acompañado de los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y la participación de la comunidad universitaria. Su vigilancia busca preservar principios como seguridad jurídica, igualdad ante la ley, equidad, debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos educativos.
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Desde la universidad, algunos docentes han manifestado preocupación por eventuales cambios que limiten su participación en la toma de decisiones, mientras que sectores estudiantiles piden mayor representación en los órganos directivos. Este ambiente de expectativa se suma al proceso de reactivación académica y administrativa tras los efectos de la pandemia y recientes paros estudiantiles.
La Procuraduría también recordó que su vigilancia preventiva es un mecanismo para evitar futuros procesos disciplinarios o demandas judiciales contra la administración universitaria. Estas acciones han sido frecuentes en otras universidades públicas del país cuando se aprueban reformas sin cumplir la normatividad vigente, generando inseguridad jurídica y afectaciones a los derechos de estudiantes y docentes.
En Barranquilla, la Universidad del Atlántico ha tenido antecedentes de crisis estatutarias. En 2010 se suspendió una reforma por falta de consulta previa a la comunidad educativa, y en 2017 el Consejo Superior intentó una actualización que no logró consenso interno. Estos hechos subrayan la importancia de un proceso transparente, participativo y ajustado a la ley.
Por ahora, la comunidad universitaria espera conocer el contenido detallado de la reforma planteada, mientras la Procuraduría mantiene su vigilancia preventiva para garantizar la legalidad y la protección del interés general en este proceso clave para la gobernanza de la Universidad del Atlántico.
